Reza la fraseología mexicana que don Pedro María Anaya, alguna vez Presidente de la República, dijo: “Si hubiera parque usted no estaría aquí”. La frase surgió durante la defensa del Convento de Churubusco en plena guerra de invasión de Estados Unidos a nuestro país en 1847 y con ella la historia oficial mexicana narra cuando el general Anaya, a pesar del valor y la disciplina marcial mostrados, debió entregar su posición al general invasor Twigs. Uno no puede imaginar esa escena sin pensar en la noción de lo injusto y en todas las batallas que cotidianamente damos las y los mexicanos sin condiciones adecuadas frente a adversidades mayúsculas.
Lo que vivimos actualmente en materia de procuración de justicia y seguridad pública se tiñe de ello. El problema ha adquirido dimensiones fuera de todo propósito y ya casi no queda vida en este país que no haya sido afectada por la incontrolable violencia delincuencial o el abuso de autoridad. Con todo, la ciudadanía se aferra a la búsqueda de soluciones y a la construcción de alternativas. En ocasiones, incluso, la aspiración es más modesta, se convierte en un llamado a la cordura, al sentido común.
La historia de Raúl Hernández, un indígena de Guerrero y líder comunitario, es profundamente ilustrativa. Raúl lleva más de dos años preso por un delito que no cometió. La integración del expediente con el que se le acusa es de tal suerte insostenible que en noviembre del año pasado y después de un riguroso estudio, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, la organización más relevante de derechos humanos en el mundo. La actuación de la Procuraduría de Guerrero se aproxima más a una meticulosa selección de inconsistencias y de pruebas irrelevantes e inconexas que a una investigación ministerial.
Raúl y sus abogados libran una batalla en un caso que lejos de ser aislado refleja un cáncer estructural en este país: el quehacer de un ejército de ministerios públicos poco profesionales que actúan bajo un manto de opacidad e impunidad. La metástasis ha alcanzado a otras instituciones que, acostumbradas al secretismo, mienten y niegan información sin consecuencia jurídica alguna. Ejemplo de ello son la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey y la feria de cifras sobre muertes y ejecuciones que se montaron entre el titular del Cisen y la PGR hace apenas unas semanas.
Todo parece apuntar que lo anterior deriva del argumento de que lo que más le conviene al país, ante la compleja situación que vivimos, es aislar los temas de seguridad pública y procuración de justicia del espectro de la transparencia gubernamental. La idea no sólo es desafortunada y de tintes poco democráticos, sus consecuencias pesan siempre sobre la ciudadanía. Inocentes presos y culpables libres, una delincuencia cada vez más sangrienta y fuerzas de seguridad sin control son parte del saldo. A río revuelto, el derecho a investigaciones profesionales, juicios justos y a la protección de nuestra seguridad pasaron a segundo plano. Y allá, en el segundo plano, nadie alcanza a ver qué sucede.
Con todo, persisten las expresiones que exigen que el actuar del gobierno, incluido el combate a la delincuencia (común u organizada), no se separe ni un ápice del deber de ser transparente y de rendir cuentas. Así constó, por ejemplo, en las propuestas y preocupaciones vertidas durante el seminario “El derecho de acceso a la información en México” realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 9 y 10 de agosto pasado, y convocado por más de una docena de organizaciones de la sociedad civil y seis de las universidades más prestigiosas del país.
Ahí, constitucionalistas y expertos como Miguel Carbonell, Miguel Sarre y José Antonio Caballero, así como la comisionada del IFAI María Marván, coincidieron en destacar la compatibilidad entre la transparencia y la actuación de los ministerios públicos. Se sumaron a reclamar la urgencia de legislación pertinente y el cambio de prácticas opacas el ex comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero, el abogado Jorge Islas y los periodistas Jenaro Villamil, Carolina Rocha y Daniel Lizárraga. El llamado a la urgencia por respetar los controles que sobre nuestras autoridades nos brinda la transparencia fue expuesto por líderes cívicos como Emilio Álvarez Icaza y Darío Ramírez, entre otros destacados participantes.
Este clamor colectivo y plural es sólo uno de muchos que están surgiendo de la convicción de que transparentar el quehacer de ministerios públicos, policías y jueces y llamarlos a rendir cuentas es indispensable para mejorar la situación de inseguridad pública y para una procuración de justicia efectiva. Miles de personas inocentes estarían libres, empezando por Raúl Hernández, a quien en un arrebato de franca honestidad el juez que conoce su caso, al ver el expediente bien le podría decir: “Si hubiera transparencia, usted no estaría aquí”.
Director Ejecutivo de Fundar y Coordinadora de Internacional del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49558.html
Lo que vivimos actualmente en materia de procuración de justicia y seguridad pública se tiñe de ello. El problema ha adquirido dimensiones fuera de todo propósito y ya casi no queda vida en este país que no haya sido afectada por la incontrolable violencia delincuencial o el abuso de autoridad. Con todo, la ciudadanía se aferra a la búsqueda de soluciones y a la construcción de alternativas. En ocasiones, incluso, la aspiración es más modesta, se convierte en un llamado a la cordura, al sentido común.
La historia de Raúl Hernández, un indígena de Guerrero y líder comunitario, es profundamente ilustrativa. Raúl lleva más de dos años preso por un delito que no cometió. La integración del expediente con el que se le acusa es de tal suerte insostenible que en noviembre del año pasado y después de un riguroso estudio, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, la organización más relevante de derechos humanos en el mundo. La actuación de la Procuraduría de Guerrero se aproxima más a una meticulosa selección de inconsistencias y de pruebas irrelevantes e inconexas que a una investigación ministerial.
Raúl y sus abogados libran una batalla en un caso que lejos de ser aislado refleja un cáncer estructural en este país: el quehacer de un ejército de ministerios públicos poco profesionales que actúan bajo un manto de opacidad e impunidad. La metástasis ha alcanzado a otras instituciones que, acostumbradas al secretismo, mienten y niegan información sin consecuencia jurídica alguna. Ejemplo de ello son la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey y la feria de cifras sobre muertes y ejecuciones que se montaron entre el titular del Cisen y la PGR hace apenas unas semanas.
Todo parece apuntar que lo anterior deriva del argumento de que lo que más le conviene al país, ante la compleja situación que vivimos, es aislar los temas de seguridad pública y procuración de justicia del espectro de la transparencia gubernamental. La idea no sólo es desafortunada y de tintes poco democráticos, sus consecuencias pesan siempre sobre la ciudadanía. Inocentes presos y culpables libres, una delincuencia cada vez más sangrienta y fuerzas de seguridad sin control son parte del saldo. A río revuelto, el derecho a investigaciones profesionales, juicios justos y a la protección de nuestra seguridad pasaron a segundo plano. Y allá, en el segundo plano, nadie alcanza a ver qué sucede.
Con todo, persisten las expresiones que exigen que el actuar del gobierno, incluido el combate a la delincuencia (común u organizada), no se separe ni un ápice del deber de ser transparente y de rendir cuentas. Así constó, por ejemplo, en las propuestas y preocupaciones vertidas durante el seminario “El derecho de acceso a la información en México” realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 9 y 10 de agosto pasado, y convocado por más de una docena de organizaciones de la sociedad civil y seis de las universidades más prestigiosas del país.
Ahí, constitucionalistas y expertos como Miguel Carbonell, Miguel Sarre y José Antonio Caballero, así como la comisionada del IFAI María Marván, coincidieron en destacar la compatibilidad entre la transparencia y la actuación de los ministerios públicos. Se sumaron a reclamar la urgencia de legislación pertinente y el cambio de prácticas opacas el ex comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero, el abogado Jorge Islas y los periodistas Jenaro Villamil, Carolina Rocha y Daniel Lizárraga. El llamado a la urgencia por respetar los controles que sobre nuestras autoridades nos brinda la transparencia fue expuesto por líderes cívicos como Emilio Álvarez Icaza y Darío Ramírez, entre otros destacados participantes.
Este clamor colectivo y plural es sólo uno de muchos que están surgiendo de la convicción de que transparentar el quehacer de ministerios públicos, policías y jueces y llamarlos a rendir cuentas es indispensable para mejorar la situación de inseguridad pública y para una procuración de justicia efectiva. Miles de personas inocentes estarían libres, empezando por Raúl Hernández, a quien en un arrebato de franca honestidad el juez que conoce su caso, al ver el expediente bien le podría decir: “Si hubiera transparencia, usted no estaría aquí”.
Director Ejecutivo de Fundar y Coordinadora de Internacional del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49558.html
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