Caso Hitachi

Aquí nosotros somos la ley

Hermenegildo Olguín Reza

proceso, edición Jalisco, número 130, 6 de Mayo de 2007

Como si no existiera legislación laboral alguna en el país, las empresas Hitachi y Caspem –que subcontrata al personal de la primera– pretenden liquidar con cantidades ridículas a los trabajadores de la maquiladora de componentes electrónicos en El Salto. Ese abuso es sólo el remate de un comportamiento empresarial que viola, hasta ahora impunemente, los derechos laborales. Y de eso se ufanan los directivos...

Las violaciones a los derechos laborales de los 4 mil 500 trabajadores de la empresa Hitachi se han acentuado después de que el 3 de febrero pasado se anunciara oficialmente que la planta cerrará para trasladarse a Filipinas, en busca de mayor ganancia a un costo menor.

Incluso se vive un ambiente de hostigamiento que este año ha obligado a más de 100 empleados a renunciar. Para colmo, mientras la empresa anuncia que concluirá sus actividades con liquidaciones conforme a derecho, la empresa que subcontrata a los trabajadores, Caspem, pretende que esas liquidaciones sean de menos de la mitad de lo marcado en la ley, según manifiestan varios obreros a este reporter

La empresa de origen japonés Hitachi está asentada en el corredor industrial de El Salto y produce sliders, microcomponentes que permiten leer los discos duros de las computadoras.

Robert Holleran, director de Operaciones Internacionales de la maquiladora, anunció hace tres meses que el corporativo arrastraba una pérdida acumulada de 750 millones de dólares en los últimos cuatro años, por lo que no podía continuar funcionando.

El anuncio sobrevino después de que, desde finales de 2006, surgieron en Hitachi rumores internos sobre el posible cambio de nombre de Caspem, S.A. de C.V. Debido a la falta de información, los empleados se enteraron del cierre de la empresa por el boletín que publicaron algunos periódicos locales y no por los directivos. Cuando ya no se pudo ocultar la verdad, los supervisores de los departamentos de producción y manufactura se encargaron de decirles a todos que sólo les restaba trabajar más duro para cuidar la chamba durante el año y medio que les queda en Hitachi.

Pronto empezaron a amenazar y a presionar para que el mayor número posible de trabajadores renuncien por sí mismos antes de que lleguen las liquidaciones.

Adriana Alejo, trabajadora con siete años de antigüedad, comenta en entrevista que hace semanas oyó que un supervisor advertía: "Antes de que yo me vaya, me voy a llevar a dos o tres (empleados) entre las patas, para que se anden con cuidado".

Con cinco años y medio en Hitachi, Margarita Perezchica confirma que "en febrero, por las presiones que empezaron a realizar sobre nosotros, renunció un grupo de alrededor de 50 trabajadores, y en marzo otro grupo similar. Sin embargo, a la fecha no sabemos con exactitud cuántos han abandonado la empresa, porque casi a diario se van de a dos o tres empleados".

Silvia Durán y Misael García, también trabajadores de Hitachi, señalan que "la actuación de la empresa y de los empleadores intermediarios ha sido la misma desde antes. Ahora dicen que van a liquidar conforme a derecho, pero cuando algunos de nuestros compañeros se han ido de la empresa, sacan unos supuestos expedientes y se los ponen enfrente a cada trabajador; hacen descuentos por innumerables cosas, de manera ilegal, y terminan dando cantidades ridículas, hasta de 300 pesos, como liquidación".


Trucos y rapiña

La falta de claridad en las relaciones laborales de esa empresa empezó hace mucho. Relata Adriana Alejo que cuando ella ingresó se tenía que firmar con el membrete Azanza y Asociados, el intermediario de entonces.

"A partir del año 2000 Azanza, propiedad de José Luis Azanza de Quevedo, dejó su lugar a Caspem, Ensambles y Manufacturas, S.A. de C.V., que durante dos años se dividió la contratación del personal de Hitachi a 50% con la empresa Satur. A partir de 2002 Caspem se encarga de toda la contratación.

"En ese lapso nunca nos dieron información ni nos enseñaron las condiciones de trabajo, y en cuanto a contratos, sólo nos dieron a firmar tres o cuatro, cada uno por 30 días. Nos enteramos de casos con contratos de 60 y hasta 90 días, pero era igual: en los hechos duraban un año o más para volver a extender un nuevo contrato".

Esa irregular situación laboral llegó al límite a finales de 2006, cuando empezó a circular un formato en el que Caspem les pedía a los trabajadores relevar a Hitachi de adeudos anteriores y de cualquier responsabilidad. Muchos no los firmaron y se agrió más la relación con los directivos.

Pero Adriana Alejo recuerda otros hechos que dañaron la relación: años atrás, la producción de los sliders se trasladó parcialmente a China, y los directivos, a través de los supervisores, "nos empezaron a decir que por nuestra culpa, por nuestra incapacidad, por nuestra falta de profesionalismo se habían llevado la chamba para allá".

Después de eso, hubo "una disparidad salarial que se dio entre varios departamentos. Yo empecé trabajando una semana 36 horas –tres días de 12 horas– y 48 horas –cuatro días del mismo número de horas– con un sueldo de 127 pesos con 20 centavos. Después del traslado de una parte del trabajo a China empezaron las presiones y nos quisieron bajar el salario. Hablaban de disciplina laboral para bajar costos. Como la mayoría no aceptamos esa propuesta, los patrones adoptaron una actitud abiertamente represiva".

–Tengo entendido que un gran porcentaje de la mano de obra es femenina –comenta el reportero.

–Desde luego. Hay muchas más mujeres en Hitachi.

Margarita Perezchica abunda: "Hay que aclarar que hace muchos años Hitachi empezó, según tenemos entendido, empleando a muchos estudiantes y jóvenes a los que se les pagaba poco. Pero con el paso del tiempo se empezó a emplear sobre todo a mujeres, muchas de ellas madres solteras, con grandes necesidades económicas, y a ellas es a quienes se les ha querido aplicar con mayor fuerza la restricción de salario y de prestaciones económicas".

Por su parte, Misael García y Silvia Durán señalan que este año los directivos, a la primera oportunidad, levantan actas administrativas en contra de los empleados:

"Se sacaron de la manga algo ilegal. Al final de la quincena, si por alguna razón faltamos un día, nos cuentan la falta triple, por lo que si tenemos una falta más en el mismo mes nos dicen que eso es suficiente para corrernos.

"También nos ponen trabas y complicaciones: antes nos daban una tolerancia de 15 minutos para llegar al trabajo, ahora nos marcan tardanza al primer segundo de la hora a la que debemos llegar. Sólo tenemos dos oportunidades de ir al baño a lo largo de la jornada de 12 horas. Estamos de pie toda la jornada. Nos presionan con el poco tiempo que tenemos para desayunar y para comer: 15 y 35 minutos, respectivamente, lo que no nos alcanza, si tomamos en cuenta que algunos se tienen que quitar ropa de trabajo para salir de su departamento. Y como ésas, hay muchas más".

Los entrevistados coinciden en que han reclamado esas violaciones a la ley laboral y la respuesta ha sido prepotente:

–Háganle como quieran. Nosotros, aquí, somos la ley –les ha dicho más de un directivo.

Manipulación de prestaciones

En la lista de violaciones a los derechos laborales del personal de Hitachi, después de la falta de contratos definitivos resaltan la reducción del salario por castigos no justificados y el pago discrecional de prestaciones.

"Nos hemos opuesto a las reducciones de salario, pero hay muchos trabajadores que son presionados y ya no dicen nada", comenta Margarita Perezchica.

En cuanto al caprichoso manejo de prestaciones, Adriana Alejo revela:

"Algunos empleados tenemos un fondo de ahorro variable –a muchos se les eliminó hace más de un año– y una despensa de 127 pesos semanales, pero el bono mensual de productividad lo bajaron recientemente de 670 a 450 pesos; el aguinaldo de 20 lo bajaron a 15 días, y la prima vacacional de 40% a 25%".

–¿Y el pago de utilidades?

–No existe de plano. A veces son 10 pesos en un año. Es de risa.

–¿Y las vacaciones?

–Las reducen a cada rato y como se les antoja. A lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta de cómo "descansan" a trabajadores por sobreproducción o por solicitud expresa ante un evento especial que tenemos, y esos días nos los descuentan de nuestras vacaciones.

Interviene Margarita Perezchica:

–Una situación muy grave se da en especial con el pago de las horas extras. Nuestra jornada es de semanas de cuatro por tres, es decir cuatro días trabajados –12 horas en cada uno de ellos– por tres de descanso. Según la Ley Federal del Trabajo entendemos que no sobrepasa la carga semanal de trabajo ordinario. Pero si después de esas 48 horas semanales nos pedían que trabajáramos más, las siguientes ocho horas las pagan como horas ordinarias. Es lo que ellos llaman "tiempo de descanso trabajado". En realidad, ésas las deberían pagar dobles, como dice la ley. De las siguientes horas, sólo nueve las pagan al doble y el resto al triple. Hay una evidente violación laboral.

Adriana Alejo redondea:

–Como muchos necesitan el dinero de horas extras, lo aceptan aunque sean mal pagadas. Se han dado casos de jornadas mayores de 12 horas e incluso hemos sabido de personas que laboran 24 horas seguidas.

Piden que Emilio intervenga en Hitachi

Ex trabajadores

En el lapso de un año y medio Hitachi despedirá a sus 4,500 obreros y personal administrativo.

Público, 10-Mayo-07

Un grupo de 23 ex trabajadores y empleadas en activo de la empresa Hitachi solicitaron al gobernador Emilio González que les conceda una audiencia para exponerle en forma directa los problemas que están viviendo por el cierre de la maquiladora, que en el lapso de un año y medio despedirá a sus 4,500 obreros y personal administrativo.

Margarita Pérez Chica Cerna y María del Rosario Murillo Rivera, en representación de sus compañeros, acudieron ayer a Palacio de Gobierno para entregar una carta en la que relatan la "incertidumbre y preocupación" que sufren, por el cierre de operaciones de Hitachi, anunciado el pasado 21 de marzo, pues la firma electrónica cambiará su sede a Filipinas, con el argumento de que allá es más barata la mano de obra.

A ambas se les impidió por momentos el ingreso a la sede de gobierno, cuando los policías que vigilan la puerta principal se dieron cuenta que traían un documento bajo el brazo. Les preguntaron quiénes eran y a dónde iban y hasta que no recibieron instrucciones superiores, los guardias les autorizaron el paso a las oficinas públicas.

Margarita Pérez Chica, tiene tres hijos y trabajó durante cinco años y siete meses en la empresa ubicada en el corredor industrial de El Salto. Ella no firmó su liquidación porque la agencia de subcontratación de personal Caspem le quiere pagar menos de lo que le corresponde. Por ello, aseguró que "es necesario" que el mandatario conozca por sí mismo la realidad de lo que ocurre en Hitachi, donde ya se despidió a 220 trabajadores. "Públicamente la empresa se comprometió a entregar las liquidaciones conforme a lo que señala la Ley Federal del Trabajo, pero, en algunos casos, este compromiso no ha sido cumplido", relataron en su escrito las trabajadoras, que acompañan sus firmas y sus nombres.

En el caso de Rosario Murillo. Ella también tiene dos hijos, es madre soltera y cree que a sus casi 45 años de edad le será difícil colocarse en un empleo formal. A diferencia de Margarita, tuvo que aceptar trece mil pesos de finiquito, cuando merecía por lo menos 21 mil pesos, luego de dos años y tres meses de labores. "Firmé porque tengo que mantener a mis hijos", refirió, con la voz entrecortada.

En la secretaría particular del gobernador, les dijeron que en ocho días les responderán cuándo podrán encontrarse con el titular del Ejecutivo.

Guadalajara•

Ignacio Pérez Vega